Fallo de la Corte Suprema La Corte Suprema de Estados Unidos dictó el viernes un fallo de gran alcance que limita severamente la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares universales contra acciones del Poder Ejecutivo. La decisión, resuelta con una mayoría de 6 a 3 y con todos los jueces designados por gobiernos republicanos en apoyo, tendrá efectos profundos sobre cómo se enfrentan judicialmente las políticas presidenciales a partir de ahora. Orden Ejecutiva de Trump El caso se centró en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en territorio nacional de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Las cortes federales de Maryland, Massachusetts y New Hampshire habían bloqueado la implementación de esta medida a través de medidas cautelares aplicables a todo el país, pero la Corte Suprema determinó que dichas órdenes exceden la autoridad otorgada a los tribunales por el Congreso. Opinión de la Jueza Barrett “La medida cautelar universal fue conspicuamente inexistente durante la mayor parte de la historia de nuestra Nación”, escribió la jueza, Amy Coney Barrett, en la opinión mayoritaria. Según el fallo, las órdenes de los tribunales inferiores ahora sólo protegerán a los demandantes específicos en cada caso, no a toda la población potencialmente afectada. Desde enero, los jueces federales han emitido al menos 25 medidas cautelares de este tipo en respuesta a iniciativas de Trump. Litigio judicial sobre la ciudadanía La orden ejecutiva sobre ciudadanía fue el eje del litigio judicial en torno a los poderes del Ejecutivo. La orden presidencial objeto del caso plantea una interpretación distinta del alcance de la ciudadanía automática establecida en la Enmienda 14 de la Constitución. Este planteamiento generó una serie de demandas que buscaban detener su implementación a través de recursos judiciales. Decisión sobre medidas cautelares La Corte Suprema, en su fallo, no se pronunció sobre la validez constitucional de la orden ejecutiva en cuestión. Su decisión se limitó a evaluar si las medidas cautelares que suspendían su aplicación a nivel nacional eran compatibles con las atribuciones legales de los jueces federales.